La ALP aprobó el informe sobre la investigación de la privatización y capitalización en Bolivia, entre 1985 y 2005, y su remisión a otras instancias pertinentes

Jueves 17 de enero de 2019

(LA PAZ).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó, hoy, en su 22 sesión ordinaria, con más de dos tercios de sus votos, el informe de conclusión de la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización, que consta de 2.748 páginas, aglutinadas en tres tomos y sus anexos correspondientes, titulados “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia 1985-2005”, y su remisión al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Asimismo, la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización, en la resolución aprobada, sugiere que el Órgano Ejecutivo realice las investigaciones económicas, jurídicas y de auditorías de las empresas que estaban en su jurisdicción y que durante la enajenación fueron cerradas y cuyo destino de sus activos es desconocido, las cuales suman a ocho.

De igual manera, se recomienda a los gobiernos departamentales también desarrollar investigaciones económicas, jurídicas y de auditorías de las empresas que se encontraban bajo sus jurisdicciones y cuyo destino de sus activos es desconocido hasta la fecha, en Beni cuatro empresas; en Cochabamba, dos; en Santa Cruz y en Potosí, tres en cada uno; y en Tarija, seis.

También, se hace la misma recomendación a los gobiernos municipales para investigar las empresas que durante el proceso de enajenación fueron cerradas y cuyo destino de sus activos es desconocido, en Santa Cruz de la Sierra, cuatro; en Montero y Sucre, una en cada municipio; en Cochabamba, Oruro y Tarija, dos en cada uno.

Igualmente, la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización recomienda al Ministerio de Minería y Metalurgia investigar las concesiones mineras como producto del levantamiento de las áreas de reserva fiscal, en decretos supremos como el 21060, 21298 y otros relativos a la concesión, titularidad, transparencia, registros, prescripción y/o adecuación que se hubieran realizado en áreas mineras, como Capricornio, Olvidada, El Carmen, Escuadra, Perfecta, San Antonio, Nieves, 6 de Agosto y muchas más.

Así también, se recomienda al Órgano Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General del Estado cumplir con los plazos procesales, en el marco de sus atribuciones, en los procesos penales en contra de exautoridades y exfuncionarios públicos por presunta participación en la enajenación de empresas públicas y recursos naturales causantes de perjuicios económicos al Estado y al pueblo boliviano.

Cabe destacar que como producto de la investigación se identificaron a 55 personas implicadas en el proceso de enajenación en relaciones políticas, económicas y familiares, y a tres personas como ejes principales de estas relaciones: Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic; y se determinó que el daño económico se acerca a los 22 mil millones de dólares.

Además, se encomienda a la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización la elaboración de proposiciones acusatorias en base a los análisis jurídicos realizados de las irregularidades efectuadas durante el proceso enajenador.

Finalmente, en la resolución aprobada por la ALP, se dispone que tanto la cámara de senadores como la de diputados difundan todo el material elaborado por la comisión especial mixta de investigación de la Privatización y Capitalización “con los resultados de la investigación para contribuir en la toma de conciencia de la opinión pública respecto a la importancia de proteger y salvaguardar el patrimonio estatal”.